La
Unión Europea rechaza la implantación de las semillas transgénicas de Monsanto,
mientras que en América Latina una creciente oposición se organiza para
enfrentar al gigante de la biotecnología que amenaza la alimentación y la salud
de los pueblos.
Agricultores, plataformas ciudadanas
y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión
de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea
de sus semillas genéticamente modificadas. Tras enfrentarse a sus
protestas y a interminables trabas burocráticas, la multinacional líder en
producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se encontró también
con la oposición de la Comisión Europea, recelosa ante los riesgos que esta
práctica puede suponer para la salud y el medioambiente. Y es que muchas de las
semillas que Monsanto planeaba exportar tienen modificaciones genéticas que les
permiten resistir a los herbicidas convencionales. Su cultivo conlleva un uso
de herbicidas mayor y más potentes, que a menudo también son comercializados
por la propia multinacional. Además, las semillas transgénicas no permiten su
reproducción y se han de adquirir nuevas antes de cada cosecha, lo que supone
un enorme gasto que no termina de convencer a los agricultores, a pesar de su
delicada situación.
Lo cierto es que los transgénicos
nunca han arraigado en Europa. En los últimos años, Hungría ha destruido campos de maíz genéticamente modificado, Grecia o
Alemania han prohibido estos cultivos y Francia ha vetado el uso de cualquier
semilla modificada. Se
calcula que en el mundo hay 170 millones de hectáreas plantadas de OGM y que
apenas 100.000 se encuentran en Europa. La mayoría de ellos se encuentra en
España, el único país de la Unión Europea (UE), según Greenpeace, que cultiva
transgénicos a gran escala, con el 90% del maíz modificado.
Monsanto, que entró en España en
1970, ha conseguido renovar la exportación del maíz Mon810, a pesar de la
decisión de la Comisión Europea. La laxitud de la legislación española, la
falta de un plan agrícola claro y el apoyo ciego del Gobierno demuestran la
estrecha relación entre el país y la poderosa multinacional. Blanca Ruibal,
responsable de agricultura de la ONG Amigos de la Tierra, advierte de que el
67% de los experimentos con transgénicos que se realizan al aire libre en
Europa tienen lugar en España: “Existe una gran opacidad en torno a estas prácticas.
Nunca se sabe dónde están ubicados los cultivos experimentales, a pesar de que
hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que obliga a los gobiernos a
comunicar dónde se encuentran. En España se oculta la información”.
Cuando Monsanto u otras empresas
solicitan realizar experimentos al aire libre para probar sus productos, la
mayoría de los países europeos se niegan. España no, lo que le ha convertido en
un laboratorio perfecto. Tal es la docilidad del estado español que Estados
Unidos le presionaba y utilizaba para que favoreciese en Bruselas la
introducción de los transgénicos, como desvelan unos cables diplomáticos
revelados por Wikileaks.
Una de las tesis más esgrimidas por
las compañías que comercializan con OGM es que su uso puede contribuir a
combatir la escasez de alimentos en el planeta. El multimillonario fundador de
Microsoft y accionista de Monsanto, Bill Gates, llegó a afirmar que los
cultivos transgénicos son la solución para acabar con el hambre en el mundo.
Un argumento que no se sostiene
cuando vemos que la mayor parte de los OGM que se comercializan no se destinan
a la alimentación, sino a la producción de piensos para animales. En Argentina,
principal productora de soja del mundo, más del 90% de la producción es
transgénica, repartida en más de 19 millones de hectáreas de monocultivo que
antes se dedicaban al ganado, a verduras y hortalizas. Miles de campesinos
empobrecidos que antes vivían de labrar la tierra han emigrado con sus familias
desde que Monsanto se estableció allí.
Lo mismo sucedió en la India con el
algodón, o en Kenia, donde una variedad de boniato transgénico introducido por
Monsanto resultó ser menos productivo que el boniato convencional.
La información está derribando los
muros de las oligarquías empresariales, y permite conocer las consecuencias de
los transgénicos para la salud y el medioambiente. La decisión de la UE viene
precedida de masivas movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico
protagonizadas por una ciudadanía organizada e informada que denuncia un abuso
que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, una línea roja que
nunca debiera haberse sobrepasado en favor de beneficios económicos privados.
Víctor Martínez González
Periodista
