
“A diferencia de Islandia, en
España, ni se corrigen los abusos del sistema financiero, ni se exige
responsabilidad a quienes decapitaron los ahorros y las proyecciones de vida de
miles de familias. Así, España va por el peor camino”, se dice en el Informe de
Oxfam.
¿Puede un Gobierno reconocer sin
pestañear tan seria responsabilidad? ¿Pueden aceptar esto los dirigentes de los
partidos políticos que aspiran a gobernar? ¿Puede asumirlo sin una creciente
irritación el pueblo que sufre en sus propias vidas tan culpable inhibición?
Pocos días después, un prestigioso
juez neoyorquino publicaba en The New York Review un artículo “La
crisis financiera: ¿por qué no ha sido procesado ningún ejecutivo de alto
nivel?”, que comenzaba así: “Han transcurrido cinco años desde el comienzo de
lo que a veces se llama la Gran Recesión. Mientras la economía ha mejorado lentamente,
hay todavía millones de estadounidenses que viven en una desesperación
silenciosa: sin trabajo, sin recursos, sin esperanza”.
Proseguía: “¿Quién fue culpable?
¿Fue el mero resultado de una negligencia, de asumir riesgos desordenados, la
llamada ‘burbuja’, o un fracaso imprudente pero inocente, por no guardar
reservas para tiempos adversos? ¿O fue el resultado, al menos parcial, de
prácticas fraudulentas, de hipotecas dudosas presentadas como riesgos fiables y
empacadas en esotéricos instrumentos financieros, cuya inherente debilidad se
ocultaba intencionadamente?”.
Tiene un paralelismo claro con lo
ocurrido en España. El informe de Intermón Oxfam coincide con las conclusiones
del juez neoyorquino, que afirma que si la crisis financiera que todavía afecta
a tantas personas ha puesto de manifiesto la incapacidad del Gobierno de
Estados Unidos para llevar ante la justicia a los responsables de tan colosales
fraudes, lo que tiene que ser objeto de preocupación es la debilidad del
sistema judicial del país.
En España también el sistema
judicial está en entredicho a causa de las actuaciones que a los ciudadanos nos
cuesta entender y relacionar con las palabras que el Rey pronunció en su
mensaje navideño de 2011: “la Justicia es igual para todos”. Algún órgano del
poder judicial habría de reflexionar sobre lo que denuncia Intermón Oxfam: “…
salvar a bancos privados que han incurrido en prácticas
abusivas e irresponsables con dinero público, a costa de generar
una deuda con intereses astronómicos, es una práctica más que cuestionable”.
¿Cómo pueden quedar impunes el abuso y la irresponsabilidad, cuando repercuten
negativamente en la hacienda pública y en el bolsillo de los ciudadanos?
No solo la justicia parece plegarse
en España al poder financiero; también la política, como cuando sin referéndum
ni consulta alguna se modificó expeditivamente un artículo de la Constitución
para “dar confianza a los mercados financieros internacionales, los mismos que
están detrás de la crisis financiera internacional”. El Estado se convirtió en
avalista de la deuda contraída para salvar los desmanes de los bancos privados
y las Cajas de Ahorros.
No sorprenden los alarmantes datos
que, en el último informe de Intermón Oxfam, muestran que en España aumentan
los índices de desigualdad y la pobreza general: “el 20% de los contribuyentes
más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados [...] y el 20% de los
más pobres solo recibe el 6,6% del dinero que se mueve en el país”. El número
de pobres ha aumentado en dos millones y, a la vez, los millonarios españoles
han crecido un 13%.
Preocupa también saber que el 80% de
nuestros compatriotas cree que la ley está hecha para favorecer a los
poderosos. Unos 37 millones de españoles creen que las leyes son “un sistema
viciado donde unos pocos se enriquecen a costa de todos” y opinan también que
“la clase política española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada
con dinero público, ha dejado su papel como protector de los más débiles para
garantizar el enriquecimiento de aquellos que, cada vez, son más ricos”.
Es fácil deducir que el capitalismo
que ahora nos gobierna ya no es el que certeramente criticó Marx, que, en
comparación con el actual, era casi benéfico pues al menos producía bienes de
consumo y daba trabajo a una clase social. El de ahora es especulador,
financiero; no produce objetos, maneja “futuros”, “derivados” y otros
productos, puras estafas financieras, como las “preferentes” españolas. En él
trabaja una reducida élite que se premia a sí misma -con bonus, contratos
blindados, jubilaciones doradas y otros autorregalos -, aunque haya hundido la
entidad a la que sirvió.
Alberto Piris
General de Artillería en Reserva
http://ccs.org.es/
El Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS) es un servicio de información gratuito de la ONG Solidarios para el Desarrollo a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en América Latina, EE.UU. y España. El CCS parte de la necesidad fundamental de integrar la información al desarrollo y la comunicación como elemento de cooperación y está integrado por periodistas, economistas y profesores de universidad expertos en pobreza, educación, salud, ecología, derechos humanos, política internacional, etc. Los artículos pueden reproducirse libremente citando la fuente. Las opiniones de los artículos enviados no reflejan necesariamente las del CCS y son responsabilidad de los autores.
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