
Mantener la rentabilidad económica y
contribuir al progreso social es el doble objetivo al que se enfrentan las
empresas sociales. Un término desconocido hasta hace pocos años que comienza a
cobrar fuerza. Se trata de un modelo de negocio cuyos impulsores no utilizan el
beneficio económico para enriquecerse, sino como medio para provocar un cambio
en la sociedad, ya que lo reinvierten en el propio proyecto. El empresario
social busca el bien común, la sostenibilidad y anteponer las personas al capital
sin perder de vista la eficiencia económica. Y de momento lo consiguen. Durante
la crisis el sector ha logrado crear 20.000 nuevas compañías y representa el
12% del PIB español.
La mayoría trabaja en red y adopta
la forma jurídica de cooperativa, basada en la participación democrática, pero
existe una gran variedad de modelos. Es frecuente que se centren en proyectos
de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, a los que ofrecen una
oportunidad de formación y entrada en el mercado laboral. Trabajan con personas
discapacitadas, ex drogodependientes, ex internos, parados de larga duración o
mujeres maltratadas, que ven en este tipo de empresas la forma de incorporarse
a la sociedad y de entablar relaciones humanas desprovistas de prejuicios. Sin
embargo, son también comunes los proyectos destinados a distribución,
agricultura ecológica y sostenible, industria alimentaria, energías renovables
y comercio justo. Todos comparten una misma visión de la economía, basada
en el ser humano y el respeto al medioambiente.
Son proyectos que todavía buscan un
hueco en el tejido empresarial, ya que las instituciones y la mayoría de medios
de comunicación no tratan de potenciarlos y, a pesar de su éxito, se enfrentan
a muchos obstáculos. Por ello, uno de los objetivos de CEPES, la Confederación
Empresarial Española de Economía Social, es situar a estas empresas en el
diálogo social y político e incrementar su visibilidad. Para su presidente,
Juan Antonio Pedreño, “las empresas de la economía social desempeñan un papel
esencial en la economía europea, en especial en tiempos de crisis, al combinar
rentabilidad con solidaridad, crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la
cohesión social, económica y regional y generar capital social”.
Son muchos los que consideran a este
tipo de empresas el fermento de la regeneración económica y la construcción de
un nuevo modelo, en el que ésta se ponga al servicio de las personas y no al
revés, como ocurre en la actualidad. Una sociedad basada en la justicia y la
colaboración y que sitúe a la naturaleza como algo a respetar y no a destruir o
dominar. Luis Morales, especialista en sostenibilidad ambiental y economía
ecológica, opina que tras la crisis no se volverá a hacer lo mismo que
antes. Afirma que “el modelo cambiará. Por las buenas o por las malas, pero
cambiará, porque el planeta no da más de sí y nos dará una gran bofetada sino”.
Por el momento la Unión Europea ya
ha fijado la hoja de ruta para la economía social del futuro. Se trata de la
Declaración de Estrasburgo, firmada a principios de año, que apela a la
necesidad de un modelo que valore la cohesión social como una verdadera fuente
de riqueza colectiva. Hacerlo realidad debe ser propósito de los poderes
públicos y la ciudadanía, pero también de la empresas.
Marta González Borraz
Periodista