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lunes, 5 de junio de 2017

Ley de Cambio Climático: conectar las políticas con la naturaleza

El cambio climático es el mayor reto ambiental, económico y social al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Los gobiernos de casi todo el mundo reconocen en el Acuerdo Climático de París la necesidad y la urgencia de actuar para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2º C y proseguir los esfuerzos para que ese aumento no supere 1,5º C respecto a las temperaturas preindustriales.
Con las tendencias actuales de emisión comenzamos a superar los límites de adaptación de los sistemas naturales y humanos. Con niveles elevados de calentamiento será difícil controlar los riesgos y, aunque se invierta de manera significativa y continuada en la adaptación, nos encontraremos con impactos generalizados, que pueden ser abruptos e irreversibles. Ya se han observado impactos del cambio climático en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas terrestres y oceánicos, con pérdida de cosechas, escasez de agua, aumento del nivel del mar y serios impactos en la salud humana. Asimismo, sabemos que el cambio climático está afectando de manera más agresiva a las personas y colectivos que menos han contribuido a generarlo y que, a su vez, menos capacidades tienen de adaptarse a sus efectos. Sus vínculos con el agravamiento de algunos conflictos y con el aumento de la pobreza y la desigualdad son también ya evidentes.
Estamos percibiendo los efectos del cambio climático, con mayor frecuencia e intensidad de sequías, olas calor, precipitaciones impredecibles, derretimiento de glaciares, subidas del nivel del mar y otras amenazas, con los impactos que conllevan en la salud y en sectores importantes de nuestra economía, como el turístico y el agrario.
Es necesario que la evidencia científica de la realidad que supone el cambio climático y las medidas necesarias para frenarlo impregnen todas las políticas, de forma que tanto la reducción de las emisiones que lo causan como la adaptación a los impactos que se producen estén en el núcleo central de las políticas con competencias al respecto. También es clave la coordinación y la coherencia de políticas, tanto entre los distintos ministerios como entre el gobierno central y las administraciones locales.
Consideramos que hace falta un impulso legislativo importante que dé una señal clara sobre el camino que deben seguir tanto los sectores públicos como el privado y la ciudadanía. Establecer un marco legal con objetivos de reducción de emisiones de GEI suficientemente ambiciosos y vinculantes a corto, medio y largo plazo.
La primera obligación de cualquier gobierno es la de proteger la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Desde todos los puntos de vista –moral, social, político, económico y ambiental– es imprescindible la creación de una Ley de Cambio Climático (LCC), basada en la participación y el consenso, que proporcione un marco legal y financiero estable y coherente con un objetivo común de reducción de emisiones, ahorro energético y adaptación a los impactos negativos ya previstos, y justa con los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos.
Los derechos humanos y, en concreto, la mirada de género y los derechos de las minorías tienen que ser un elemento central en todos los planes y políticas que desarrollen los actores políticos. La justicia climática y el cuidado de la vida deben constituir el epicentro de todas las acciones de lucha contra el cambio climático dentro y fuera de nuestras fronteras. La integración de todos los sectores en una única normativa permite una mejor gestión global de la reducción de emisiones, dando así coherencia a las políticas emprendidas tanto en mitigación como en adaptación. Es decir, la ley supone convertir la lucha contra el cambio climático en un aspecto transversal en la gestión de cualquier ámbito: sociedad, economía e instituciones.
La ley introduciría una nueva oportunidad socioeconómica. La obligación de limitar las emisiones condiciona la manera de abordar políticas energéticas, de transporte y de producción, así como patrones de consumo. Lejos de limitar la actividad económica y suponer un perjuicio para la economía, establecer objetivos a corto y medio plazo para cumplir con el objetivo final proporciona un escenario económico estable y previsible. Esto significa una ventaja económica para el cambio de modelo productivo que necesitamos, que dispondría de perspectiva a largo plazo para tomar decisiones y adaptarse a una economía baja en carbono.
Queremos aborda el marco necesario para afrontar la mitigación del cambio climático, así como los compromisos internacionales de los Estados que tiene que responder en esta lucha. Una ley de cambio climático deberá establecer el marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar y acelerar la necesaria transición hacia una economía verde, garantizando la coordinación de las políticas sectoriales asegurando coherencia entre ellas y buscar sinergias encaminadas a la mitigación del cambio climático y poniendo en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana y fomenten la coordinación entre las administraciones y entidades sociales y económicas.
Leonel CARABALLO
Director de MUNDO LEAL
Por el Día Mundial del Medio Ambiente